Noticia de hoy, os dejo el enlace, no sea que algún iluminado me calumnie diciendo que la he manipulado, nunca lo he hecho, ni tengo necesidad de hacerlo.

http://www.madrid2noticias.com/n-912...actual_reforma



Se calcula que actualmente en nuestro país habita medio millón de inmigrantes en situación irregular que en un período de tiempo muy breve perderán la cobertura sanitaria integral de la que gozaban hasta ahora, un derecho que les queda restringido con la actual reforma pero que fue introducida por el Partido Popular y aprobada por Aznar en el inicio de su segundo mandato en el año 2000. A partir de ahora para obtener la tarjeta sanitaria ya no valdrá con estar empadronado. El expresidente del Gobierno del PP respetó precisamente el artículo 12, que permitía la cobertura con el empadronamiento y que les daba derecho a los mismos servicios que a los españoles.
A este grupo no pertenecen los ciudadanos de la UE, que gozan de un estatus distinto, aunque hay que destacar la distinción entre aquellos que figuran en el padrón y los que tienen tarjeta de residencia. De hecho, hay muchos europeos que no llegan a empadronarse en nuestro país porque gozan de libertad de circulación, residencia y trabajo en los países socios de la Unión, de modo que pueden tener acceder a los mismos derechos sanitarios que los españoles sin una autorización expresa para vivir en España.

En total, se calcula que en nuestro país residen cerca de dos millones y medio de europeos, 100.000 menos que los que gozan de una tarjeta sanitaria. Con todo, estos ciudadanos necesitan estar registrados para realizar trámites administrativos, acceder a los servicios de justicia o Sanidad. Lo hacen a través de su NIE, es decir, el Número de Identidad de Extranjero, una tarjeta que es similar a la del DNI.

Una de las principales quejas a las que ha hecho referencia Sanidad en su último informe previo a la reforma remite a aquellos europeos que se han retirado y pasan largas temporadas en España o directamente residen en un municipio, generalmente costero, pero deciden no empadronarse. En estos casos, acceden a “determinados servicios y beneficios sociales” lo que “causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de los Ayuntamiento y otras administraciones públicas para planificar la dotación de servicios”.

Vendría a ser una variante de lo que la ministra de Sanidad dio a llamar como “turismo sanitario” y que genera un agujero de cerca de 1.000 millones de euros en las arcas públicas, una cantidad que el Ejecutivo está dispuesto a tapar para cumplir con el programa de ajuste establecido.